 |
| Sucesos |
Como si ello no fuera suficiente, un nuevo bloqueo al proyecto minero Las Bambas por parte de las comunidades campesinas de Pisaccasa, Mara, Pitic y Yuricancha en Cotabambas (Apurímac) recuerda la precariedad de la gestión social alrededor de este proyecto minero donde el Poder Ejecutivo en febrero del 2017 anunció la ejecución de 300 obras del Plan de Desarrollo de Cotabambas.
Hace seis meses, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) promulgó el Decreto Supremo n° 022-2017-PCM con el cual modificó su Reglamento de Organización y Funciones, y crea el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la cual dependen la Secretaría de Descentralización, la Secretaría de Demarcación Territorial y la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, que reemplaza a la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS).
La justificación para la creación de este Viceministerio, al igual que pasó con la ONDS el 2012, es un nuevo enfoque para afrontar los conflictos, con mayor visión más estratégica, proactividad y sobre todo para prevenir los conflictos sociales en el país. En esta Secretaría que reemplazó a la ONDS, se crearon 3 subsecretarías. Una de Prevención y Conflictos, que debía crear un sistema de información que sistematice casos que afecten la gobernabilidad y contrastar con los sectores el estado de situación de los compromisos. Otra fue la Subsecretaría de Gestión de Conflictos que atendiera los casos que estallen, y, finalmente, la Subsecretaría de Diálogo que atienda las mesas constituidas.
La PCM ha destinado recursos importantes, sobre todo en personal para esta nueva Secretaría (Portal de Transparencia de la PCM) con el propósito de que prevenga las protestas sociales. Por ejemplo, han colocado de forma permanente una abogada cusqueña en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas (Apurímac), donde se encuentra el proyecto minero Las Bambas, como una “muestra” de la prioridad que le dan a esta operación.
Sin embargo, algo ha ocurrido con esta estructura, que en la práctica pareciera que no está dotando de información oportuna, inteligente y estratégica a las autoridades que deben tomar decisiones. En varios casos, según los ministerios, esta Secretaría que ve el seguimiento de los conflictos y el Viceministerio de Gobernanza Territorial aparecen distantes o ausentes de estos procesos.
En mi columna de mayo en Sucesos (08.05.17) afirmé que la creación de este Viceministerio es un “combo” potente para atender estos procesos sociales territoriales, pero que otra cosa era la eficacia de su gestión en los territorios del país con este nuevo mandato. Y nos hacíamos una pregunta: ¿se establecerán consensos territoriales (gobernanza) con visión común del desarrollo, que se adelante a la conflictividad? Al parecer, es otra ausencia.
Una muestra de ello es el conflicto que reaparece alrededor del proyecto minero Las Bambas en Apurímac con el conocido argumento de que transitan más de 500 vehículos de esa empresa que provocan contaminación, por lo que plantean un acuerdo (económico) con la minera por derecho de vía.
No hay zona en al país que, en materia de gestión social estatal, haya merecido mayor atención que los territorios alrededor de Las Bambas. Presencia de ministros, viceministros y funcionarios en el anterior gobierno; y en el actual, el primer vicepresidente de la República condujo personalmente el diálogo con los distritos y comunidades donde opera el proyecto Las Bambas, que derivó en el Plan de Desarrollo de Cotabambas.
Al final, las conclusiones son las mismas. Mesas de diálogo en esta zona el 2012, 2014 y 2015 y compromisos pendientes de concluir, y conflictos que reaparecen en la provincia de Cotabambas. Seguramente, reaparecerán en otras zonas, si no hay cambios institucionales alrededor de este Viceministerio que debiera promover la gobernanza territorial, que no es otra cosa que consenso territorial y visión común del desarrollo.
<Sin un órgano rector que jerárquicamente se relacione con los sectores, las mesas de diálogo seguirán siendo mesas para mecer y dejarán de ser oportunidades para generar desarrollo en los territorios.>
El Parlamento también tiene responsabilidad. Desde diciembre del 2016 se encuentra el proyecto de ley que crea el Sistema de Gestión de Conflictos en el sector público y nadie ha movido un dedo al respecto.
Sin un órgano rector que jerárquicamente se relacione con los sectores, las mesas de diálogo seguirán siendo mesas para mecer y dejarán de ser oportunidades para generar desarrollo en los territorios. Sin este sistema, también exponemos al presidente de la República a que se involucre en solución de protestas como la huelga magisterial, con los precedentes que ello implica, porque algunos no hicieron su trabajo.
Publicar un comentario