(Andina) Los terroristas deben pagar al Estado 6,767 millones de soles por reparación civil, informó el procurador para casos de terrorismo, Milko Ruiz, quien aseguró que continuarán todos los mecanismos legales para hacer efectivos dichos cobros, sin caer en abusos o persecuciones.
¿Cuál es su reflexión en esta fecha en que se conmemoran los 25 años de la captura de Abimael Guzmán?
–Es una fecha importantísima para la paz en el Perú. Tuvimos una lucha y una continuidad de crímenes terribles cometidos por el terrorismo en las décadas de 1980, 1990 y 2000. Obviamente, el golpe que se dio a la cúpula de Sendero Luminoso (SL), en setiembre de 1992, marcó la debacle de esa organización criminal. Recordemos también que al poco tiempo cayó Víctor Polay Campos y significó, además, la caída de la otra organización terrorista: el MRTA.
Entonces, 1992 es un año muy importante para la lucha contra el terrorismo. Fueron golpes definitivos y letales que asestó el Estado. Se descabezó a esos movimientos que habían llevado sus crímenes a todo el Estado, a toda la Nación.
El daño que ha hecho el terrorismo al Perú no se puede ni siquiera calcular con la reparación civil que debemos cobrar, que suma 6,767 millones de soles. Es un daño de cerca de tres décadas en los que cometieron asesinatos, hicieron estallar coches bomba y una destrucción que no se puede cuantificar de manera objetiva.
Fue una época terrible que todos la hemos pasado. Entonces, el día de la captura de Abimael Guzmán fue un momento de triunfo contra la maldad del terrorismo. Hemos tenido muchas viudas y huérfanos por la locura de este sujeto y de todas esas personas que ahora quieren legitimarse como luchadores del Estado y eso obviamente no lo vamos a permitir. Esto no debe olvidarse. Lamentablemente, a veces los pueblos olvidan su historia y nosotros debemos evitar eso desde nuestra función, desde nuestro trabajo.
–Se dice que el Estado está fallando en hacer conocer a las nuevas generaciones las atrocidades cometidas por SL y así evitar que caigan en esos movimientos afines al terrorismo…
–El Estado no está fallando, está haciendo lo que le corresponde mediante sus diversas instituciones, es un trabajo necesario en el momento, pero obviamente hay que reforzarlo. Eso sí es innegable.
A veces escucho voces que dicen que el Estado no hace nada en los ámbitos político, económico y normativo, algunos opinan que no hace lo suficiente. El problema del terrorismo es tan grande que nunca nada será suficiente, pero tengo que decir que el Estado está haciendo algo en sus diversas instituciones. Es un tema de política de Estado.
Nuestra función como procuradores es buscar que se sancionen a los que incurren en el delito del terrorismo; la función de la Dircote es la prevención, básicamente; la función de los políticos, Congreso, Gobierno, es la lucha política e ideológica. Todos tenemos nuestra función y todos estamos haciendo parte de esa función. Ahora, si consideramos que es suficiente o no, eso queda en cada uno.
–¿Hay plazo para el pago de las reparaciones civiles?
–No hay un plazo definido en la norma. La ley establece que si esta persona no paga, ante el requerimiento del Estado, tiene de 5 a 6 días para abonarla. Si no paga, está el embargo. Así de sencillo. Si la persona no tiene bienes, la reparación civil sigue vigente mientras nosotros, como Procuraduría, mantengamos el requerimiento, y se le va a tener que encontrar en algún momento un bien para cobrarles dentro de los mecanismos que nos faculta la ley.
Seguiremos aplicando las normas vigentes para que los terroristas cumplan con sus deudas con la sociedad. Acá, no hay ningún tipo de abusos ni persecuciones.
En este sentido, no estoy de acuerdo con esa posición de que se declare insolvente a un terrorista, porque eso sería darles un premio y es lo que ellos buscan. Me han sorprendido estas declaraciones. Mi objetivo no es declararlos insolventes, sino cobrar la reparación civil pendiente.
El cobro de esta reparación civil tiene varias aristas, es muy difícil y complicado. Los deudores no tienen dinero; evaden con sus mañas el pago, se cambian de domicilio para evitar los embargos y la deuda. Aun, así, de manera paciente logramos descubrirlos y hacer que paguen.
–¿La libertad de la senderista Maritza Garrido Lecca representa un peligro para la sociedad peruana?
–Cualquier terrorista que pise la calle, sea de mando medio, menor o mayor, genera preocupación. Sus mentes las tienen con ideología criminal, con el llamado pensamiento Gonzalo en el caso de Sendero, y con ideología del MRTA, en el caso de los emerretistas.
Eso de que salgan rehabilitados, reformados, arrepentidos, no sucede, lo garantizo. En los juicios no he visto ni una pizca de arrepentimiento, es más, ni siquiera confiaría en esos arrepentimientos.
Los terroristas salen y es una situación lamentable, pues quisiéramos que se queden toda la vida en la cárcel por el daño incalculable que han hecho, pero la justicia les ha puesto esa pena y tienen que dejar la prisión.
Lo que estas personas tienen en la cabeza no se lo van a sacar nunca, pero lo que debemos cuidar como Estado es que no lleven esa ideología más allá y para eso están las leyes vigentes.
Vigilancia permanente
–Algunas voces aconsejan mantener una permanente vigilancia a los terroristas que salgan de la cárcel, ¿qué debe hacer la Dircote?
–Este es un tema de inteligencia que lo maneja la Dircote y que tengo entendido está controlado. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha referido eso, cuentan con un plan y lo están aplicando. Obviamente, no hay una ley que diga que se les persiga, porque sería complicada una norma así, pero una persona que sale de la cárcel y puede ser un peligro para la sociedad es perfectamente viable y constitucionalmente válido que pueda ser monitoreada para ver qué es lo que hace.
–La Procuraduría va a estar atenta al primer delito que cometan…
–Si cruzan la línea entre su libertad y el delito, la Procuraduría, el Poder Judicial y Fiscalía estaremos ahí para procesar y sancionar a estas personas. Su vida en las calles será muy dura, y es lo que se merecen por el daño que le han causado al país.
Uso de recursos
El pago del total de la reparación civil financiaría obras como Longitudinal de la Sierra, tramo 4, cuya inversión suma 464 millones de dólares.
También la masificación de uso de gas natural en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali (350 millones de dólares).
Además, las obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable para Lima (600 millones de dólares) y el Parque Industrial de Ancón (500 millones de dólares). El total, 1,914 millones de dólares (6,186 millones de soles).
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