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| Fuente: Andina |
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) ratificó hoy que la abogada Katherine Ampuero, en su cargo de procuradora ad hoc, interpuso una acción para detener la venta de las acciones del Grupo Odebrecht en el proyecto Olmos, acción que, según dijo, perjudica al Estado.
El Minjus, a través de un comunicado, precisó que perdió la confianza en la abogada Katherine Ampuero y solicitó su destitución debido a que su actuación como procuradora ad hoc afectaba el cumplimiento del Decreto de Urgencia 003-2017.
Explicó que ese decreto tiene como fin asegurar el pago efectivo de la reparación civil que corresponde al Estado, evitar el rompimiento de la cadena de pagos y la continuidad del servicio, en el caso de proyectos en los que hubiesen participado empresas sancionadas por actos de corrupción o que hayan admitido actos de corrupción.
El Minjus precisó que este decreto fue emitido por el Poder Ejecutivo y su constitucionalidad ha sido ratificada por el Congreso de la República.
Detalló que el trabajo de los procuradores es definir la estrategia de defensa de los intereses del Estado y fijar la reparación civil en el marco de la ley, sin embargo "la actuación procesal de la procuradora ad hoc, consistente en interponer una medida cautelar para detener la venta de acciones del Grupo Odebrecht en el proyecto Olmos, constituye una grave acción que perjudica el propósito del referido decreto".
El mencionado decreto tiene como fin evitar la paralización de los proyectos de infraestructura y la provisión de servicios públicos, e impedir la ruptura de la cadena de pagos, protegiendo así a trabajadores, proveedores y acreedores en general, así como cautelar el pago de la reparación civil a favor del Estado peruano.
"La venta ya había sido aprobada por el Gobierno Regional de Lambayeque", aseveró. Agregó que la medida solicitada por la abogada Ampuero, que es contraria a los fines del decreto de urgencia, obliga al Estado a mantener a Odebrecht un año más en el proyecto, poniendo en peligro 18,000 puestos de trabajo directos e indirectos y la posibilidad de recuperar dinero para la reparación civil a favor del Estado peruano.
"Al hacerlo, la señora Ampuero ha actuado en contra de una norma con rango de ley y ha perjudicado los intereses del Estado peruano y de los trabajadores y proveedores del proyecto Olmos", indicó.
El Minjus precisó que la ministra María Soledad Pérez Tello, como titular del ente rector del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, tomó esa decisión por los motivos señalados, informando posteriormente al Presidente de la República y al Presidente del Consejo de Ministros.
Finalmente ratificó su apuesta por la lucha contra la corrupción y para ello, dijo, adoptará todas las medidas que sean necesarias, para alcanzar este fin.
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