"El contralor general de la República, Edgar Alarcón Tejada, no debia seguir en funciones. No debe ejercer ninguna tarea pública".
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| Fuente: ElComercio |
El contralor general de la República, Edgar Alarcón Tejada, no debia seguir en funciones. No debe ejercer ninguna tarea pública. No solo debió ser removido del cargo, debe además ser acusado constitucionalmente.
Ante la presentación por un auditor de serios cargos en su contra, el contralor pretendió que este retirara la denuncia. Quiso convertir al funcionario en juzgador, escamoteando esa función al ¡Congreso de la República!
El contralor se dedicó a la compraventa de autos, actividad comercial que expresamente le estaba vedada. Falta investigar cómo financió las compras que hicieron (supuestamente) sus hijos cuando tenían 18 años.
El resultado de esa larga actividad comercial dejó un saldo negativo de casi 27 mil dólares. Sin embargo, él dice que esa actividad le dejaba saldos de 1.000 a 1.500 dólares, que incorporaba al presupuesto familiar.
Es muy difícil que uno sume dinero cuando debe restarlo. Nadie, además, continúa una actividad por muchos años si deja pérdida. Los únicos que hacen eso son los que, más bien, introducen dinero que no está en el presupuesto, simulando pérdidas.
No podemos decir que Edgar Alarcón haya lavado dinero a través de la compraventa de autos. Decimos que hay indicios para investigar.
Hay que investigar también las transacciones en este ámbito con proveedores de la Contraloría General de la República (CGR), lo que está expresamente prohibido. Hay que investigar la compra de un auto al hijo del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, procesado (ahora absuelto) por un caso de negociación incompatible.
Debe dilucidarse, además, si Alarcón dirigió la contratación de Marcela Mejía Franco. Con ella tuvo dos hijos. A ella la liquidaron con 127 mil soles y le entregaron 100 mil soles, supuestamente de los viáticos de la CGR.
Hay que investigar si los 100 mil soles corresponden realmente a viáticos de otros funcionarios. Hay que cotejar cada recibo de cada funcionario.
Además del monto, está el manejo. ¿Una funcionaria recibe un cheque a su nombre para solventar los viáticos de la contraloría? ¿Corresponde eso al manejo de un órgano de control o al de una chacra personal?
Según el grupo de trabajo parlamentario, Alarcón habría eludido la normativa sobre nepotismo para contratar, adicionalmente, a varios parientes. El programa de liquidación por mutuo disenso de la CGR habría beneficiado a alguno de esos parientes.
Según el grupo de trabajo parlamentario, Edgar Alarcón Tejada habría cometido falta grave en cuatro hechos imputados. No se ha investigado, todavía, su vinculación con el tema de las grabaciones ilegales a ministros de Estado.
Alarcón no se quiere ir. Ha amenazado con regresar a funciones subordinadas dentro de la contraloría. Cree que el Congreso solo puede removerlo del cargo de contralor. Así de inverosímil.
El hombre de negocios y contralor ha amenazado al ministro Fernando Zavala. “Si se trata de decir ‘yo nunca presioné o actué fuera de lo debido’, que recuerde Fernando Zavala cuántas veces me ha llamado”.
Con ello Alarcón pretende pasar de acusado a acusador. Con ello se demuestra, sin embargo y más bien, la conveniencia para él de grabar al ministro.
Cuando fue nombrado durante el gobierno de Ollanta Humala, parlamentarios fujimoristas plantearon dudas sobre su idoneidad. Incluso abandonaron la Comisión Permanente para tratar de evitar que se lleve a cabo la votación. Eran minoría y el oficialismo de entonces votó por este personaje para contralor.
Lamentablemente, la mayoría oficialista del gobierno anterior antepuso la iniciativa gubernamental al criterio de idoneidad. Ya había denuncias sobre este sujeto, pero el pleito fujimorismo-antifujimorismo impidió ver con claridad.
Esperemos que ahora se depongan anteojeras ideológicas y partidarias. Esperemos que la mayoría parlamentaria actual actúe sin prejuicios y con responsabilidad. Esta es una oportunidad que no debe desperdiciar.
Las autoridades no deben quedarse en la remoción del cargo. Hay que continuar con la acusación constitucional y la investigación de todos los hechos. Y, por supuesto, también habrá que revisar la actuación funcional de este negociante de autos y terrenos metido a contralor.
Quizá controló con el ánimo de chantajear y no de controlar.
El contralor se dedicó a la compraventa de autos, actividad comercial que expresamente le estaba vedada. Falta investigar cómo financió las compras que hicieron (supuestamente) sus hijos cuando tenían 18 años.
El resultado de esa larga actividad comercial dejó un saldo negativo de casi 27 mil dólares. Sin embargo, él dice que esa actividad le dejaba saldos de 1.000 a 1.500 dólares, que incorporaba al presupuesto familiar.
Es muy difícil que uno sume dinero cuando debe restarlo. Nadie, además, continúa una actividad por muchos años si deja pérdida. Los únicos que hacen eso son los que, más bien, introducen dinero que no está en el presupuesto, simulando pérdidas.
No podemos decir que Edgar Alarcón haya lavado dinero a través de la compraventa de autos. Decimos que hay indicios para investigar.
Hay que investigar también las transacciones en este ámbito con proveedores de la Contraloría General de la República (CGR), lo que está expresamente prohibido. Hay que investigar la compra de un auto al hijo del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, procesado (ahora absuelto) por un caso de negociación incompatible.
Debe dilucidarse, además, si Alarcón dirigió la contratación de Marcela Mejía Franco. Con ella tuvo dos hijos. A ella la liquidaron con 127 mil soles y le entregaron 100 mil soles, supuestamente de los viáticos de la CGR.
Hay que investigar si los 100 mil soles corresponden realmente a viáticos de otros funcionarios. Hay que cotejar cada recibo de cada funcionario.
Además del monto, está el manejo. ¿Una funcionaria recibe un cheque a su nombre para solventar los viáticos de la contraloría? ¿Corresponde eso al manejo de un órgano de control o al de una chacra personal?
Según el grupo de trabajo parlamentario, Alarcón habría eludido la normativa sobre nepotismo para contratar, adicionalmente, a varios parientes. El programa de liquidación por mutuo disenso de la CGR habría beneficiado a alguno de esos parientes.
Según el grupo de trabajo parlamentario, Edgar Alarcón Tejada habría cometido falta grave en cuatro hechos imputados. No se ha investigado, todavía, su vinculación con el tema de las grabaciones ilegales a ministros de Estado.
Alarcón no se quiere ir. Ha amenazado con regresar a funciones subordinadas dentro de la contraloría. Cree que el Congreso solo puede removerlo del cargo de contralor. Así de inverosímil.
El hombre de negocios y contralor ha amenazado al ministro Fernando Zavala. “Si se trata de decir ‘yo nunca presioné o actué fuera de lo debido’, que recuerde Fernando Zavala cuántas veces me ha llamado”.
Con ello Alarcón pretende pasar de acusado a acusador. Con ello se demuestra, sin embargo y más bien, la conveniencia para él de grabar al ministro.
Cuando fue nombrado durante el gobierno de Ollanta Humala, parlamentarios fujimoristas plantearon dudas sobre su idoneidad. Incluso abandonaron la Comisión Permanente para tratar de evitar que se lleve a cabo la votación. Eran minoría y el oficialismo de entonces votó por este personaje para contralor.
Lamentablemente, la mayoría oficialista del gobierno anterior antepuso la iniciativa gubernamental al criterio de idoneidad. Ya había denuncias sobre este sujeto, pero el pleito fujimorismo-antifujimorismo impidió ver con claridad.
Esperemos que ahora se depongan anteojeras ideológicas y partidarias. Esperemos que la mayoría parlamentaria actual actúe sin prejuicios y con responsabilidad. Esta es una oportunidad que no debe desperdiciar.
Las autoridades no deben quedarse en la remoción del cargo. Hay que continuar con la acusación constitucional y la investigación de todos los hechos. Y, por supuesto, también habrá que revisar la actuación funcional de este negociante de autos y terrenos metido a contralor.
Quizá controló con el ánimo de chantajear y no de controlar.
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