Según la iniciativa legislativa, dicho registro tendrá carácter público y será implementado y administrado por el Poder Judicial.
Dicho poder del Estado tendrá la responsabilidad de registrar, controlar, actualizar y difundir la información a los solicitantes en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
La información contenida en el registro estará disponible y abierta al público desde el momento en que la sentencia contra el agresor quede firme, hasta cinco años después de vencida esta.
El proyecto también propone establecer la obligación de que todas las comisarías del país cuenten con personal policial femenino especializado y capacitado en atender denuncias de agresiones contra la mujer.
Cuando ello no sea posible por escasez de cuadros, las comisarías deberán contar con personal civil especializado en esta tarea.
La iniciativa recuerda que la jefa del Gabinete, Mercedes Aráoz, anunció en el Congreso la creación de un registro público de agresores de familia, en el cual deberán estar incluidos todos los denunciados y condenados por autores de violencia contra la mujer.
No obstante, indica que dicha iniciativa no podrá plasmarse debido a que no puede hacerse público un registro de agresores en el cual figuren personas denunciadas sin sentencia, pues ello afectaría su derecho a la presunción a la inocencia.
 La bancada de Fuerza Popular ha propuesto un proyecto de ley que crea el Registro Público de Condenados por Delitos de Violencia ...){kind=link}
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