(LaVerdad) El ex presidente la Junta de Usuario Chancay Lambayeque (JUCHL), podría pasar el resto de su vida en la cárcel luego que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo aceptara el requerimiento de Control de Acusación presentado por el representante de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, quien solicitó se imponga 14 años de pena privativa a la libertad en su contra, así como el pago de 400 mil soles de reparación civil.
De acuerdo al Expediente Judicial N° 830-2015, el dirigente agrario Genaro Vera Roalcaba es acusado de cometer los delitos de peculado por apropiación y peculado de uso en agravio de la JUCHL y el Estado a través de la Autoridad Local del Agua (ALA), Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) y Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).
De acuerdo a los alegatos esgrimidos por el fiscal, Máximo Lucano Medina, durante el período 2005 al 2014, Vera Roalcaba ocultó a los asociados los estados financieros de la JUCH, donde presuntamente ha falseado balances y usando en provecho propio o de terceros el patrimonio de este gremio agrario.
Por ejemplo, cuando la JUCHL estaba a cargo de la Infraestructura Mayor del Reservorio de Tinajones, los formatos del plan de distribución del agua que presentaba al PEOT no correspondían con lo recaudado y el volumen de agua que suministraba la represa de Tinajones. Incluso habría creado la Asociación de Productores Agropecuarios La Montería (ASPAN), a quien favorecía con contratos en la utilización de la maquinaria del Estado y agua.
Asimismo, Vera Roalcaba, aprovechándose del convenio que firmó con el PEOT, para que en un plazo de 10 años se encargue de la operación y mantenimiento de la infraestructura mayor de riego y drenaje del sistema hidráulico de Tinajones, es acusado de utilizar la maquinaria pesada del Estado para realizar trabajos particulares en beneficio de ASPAM y, peor aún, el combustible del convenio también fue malgastado.
Sin embargo, lo que más se le cuestiona a Vera Roalcaba es que la Fiscalía detectó que durante el período comprendido entre el 2005 al 2014 se habría apropiado de los recursos del Estado (dinero), que obtuvo por la venta de agua, así como comercializar la distribución del recurso hídrico en un volumen real que no fue declarado.
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