(Andina) El pleno del Congreso aprobó que aquellas empresas privadas que sean socias o consorciadas con contratistas corruptas no puedan sacar del país el dinero mal habido, tampoco puedan seguir contratando con el Estado y paguen una reparación civil a favor del Estado.
Fue al aprobar por 98 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, la modificación del Decreto de Urgencia 003-2017, dictado por el Poder Ejecutivo.
Además, la segunda votación de la propuesta de ley se efectuará dentro de siete días, anunció el titular del Congreso, Luis Galarreta.
La propuesta, originalmente presentada por la legisladora Karina Beteta y dictaminada por las comisiones de Constitución y de Fiscalización del Congreso, apunta a “cortar y zanjar con la corrupción y con sus socios asolapados y bien camuflados”, dijo la congresista Úrsula Letona.
Según Letona (FP), quien preside la Comisión de Constitución, la idea es corregir un decreto de urgencia del Ejecutivo (DU 003, vigente desde febrero de este año) “complaciente con la corrupción”.
La iniciativa de ley plantea corregir siete artículos del Decreto de Urgencia 003-2017 para cautelar el pago de reparación civil a favor del Estado en caso de corrupción por un plazo de seis años.
Por ejemplo, se señala expresamente que el Ministerio de Justicia deberá elaborar y publicar en su portal institucional la relación de sujetos comprendidos en la futura norma, la misma que se actualizará mensualmente, bajo responsabilidad.
La futura norma legal plantea además que el Ministerio de Justicia requiera al Procurador Público correspondiente la cifra estimada de la reparación civil a favor del Estado, contando con los informes previos de Proinversión y del Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros alcances.
El presidente del Congreso, Luis Galarreta, levantó la sesión plenaria pasadas las 14:00 horas.
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