Mientras los campesinos del norte esperan un crédito que los saque de las desgracias ocasionadas por el Fenómeno El Niño, los ex latifundistas de “horca y cuchillo” esperan que el Estado les indemnice por la Reforma Agraria.
(DiarioUNO) Mientras el programa de Reestructuración Agraria Especial (RAES), cuyo Reglamento Ley Nº 30573 fue publicado el pasado viernes por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), buscará beneficiar con 20 millones de soles a los pequeños agricultores con deudas en el sistema financiero y que han sido afectados por los desastres naturales ocasionados por el Fenómeno El Niño, el fantasma del pasado se niega a desaparecer. Los otrora latifundistas expropiados por la Reforma Agraria del general Juan Velasco presionan al gobierno para hacer efectivo el pago de una deuda reconocida pero todavía impagable. Nuevamente se pone en el vocabulario del común el desembolso de una deuda como si fuera un problema social de la mayoría de peruanos.
En el 2001 y el 2004 el Tribunal Constitucional (TC) emitió dos sentencias que reconocieron la obligación del Estado de pagar el valor actualizado de las expropiaciones de la Reforma Agraria más los correspondientes intereses. Pero la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA) señala que el nuevo decreto supremo D.S. No. 242-2017-EF que el gobierno dictó sobre la deuda de los bonos agrarios es abusivo y confiscatorio ya que quiere ofrecer la suma de 0,57 céntimos de sol por cada hectárea expropiada. La ABDA es parte de la Alianza por el Pago Justo de los Bonos Agrarios (APJBA), una organización de bonistas nacionales y extranjeros que decidieron unirse para solicitar al gobierno que honre su obligación de pagar el valor actualizado de los bonos de la reforma agraria.
La denominada deuda agraria (bonos de la reforma agraria), es reconocida por el Estado, pese a que la historia peruana también reconoce que los ex latifundistas (latifundistas en aquellos tiempos) después de la conquista por España hasta la República, constituyeron los latifundios a través del abuso a los campesinos comuneros o ayllus; y otros heredaron de los antiguos encomenderos que se apoderaron de las tierras de los ancestros incas. Otros se tomaron las tierras por medio de escandalosas leguleyadas.
HACIENDO HISTORIA
Desde inicios del siglo pasado, diversos pensadores como Manuel González Prada, Víctor Raúl Haya De La Torre, José Carlos Mariátegui, Víctor Andrés Belaúnde y Luis Bustamante y Rivero, compartieron la reforma agraria como una bandera, ya que el 75.9% de las tierras estaba en manos del apenas 0.4% de propietarios.
Esto generó que en 1956 y durante el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche —cuyo premier era nada menos que el hacendado Pedro Beltrán Espantoso- estableció la primera Comisión Nacional de Reforma Agraria y Vivienda, bajo la presidencia del abogado Ernesto Alayza Grundy. Dicha comisión concluyó en la necesidad de hacer la reforma agraria, aunque primero educando y organizando a los beneficiarios potenciales (los campesinos), para asegurar el éxito del proceso. No obstante que ésta era la forma ideal, en la práctica sería inviable, porque los hacendados jamás habrían permitido que sus vasallos se educaran para sustituirlos. Entretanto ya estallaban los primeros movimientos subversivos contra el latifundismo en los Andes y la Selva alta. Posteriormente, entre 1961 y 1962 el gobierno de los generales EP Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley López efectuó las primeras afectaciones de tierras en La Convención y Lares, Cusco, en respuesta al movimiento guerrillero liderado por Hugo Blanco Galdós.
Después, el 21 de mayo de 1964 el Congreso de la República, durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry y controlado por la Coalición APRA-Unión Nacional Odriísta, sacó la Ley No. 15037, primera norma constitucional sobre la materia; con base en la cual serían afectadas y adjudicadas las grandes haciendas de Junín y Pasco.
Las presiones sociales internas eran incontrolables y tras derrocar a Belaúnde, el gobierno revolucionario de Juan Velasco, a fines de 1968, dispuso que todos los peruanos presentaran la declaración jurada de sus bienes o autoavalúo, dentro de cuyo marco los terratenientes —para pagar poco o nada de impuestos— asignaron valores irrisorios a sus haciendas.
Posteriormente, el 24 de junio de 1969 se decretó la reforma agraria más profunda de América, a través del Decreto Ley No. 17716, para expropiar y adjudicar todas las haciendas del país, con el fin de poner fin al semifeudalismo antisocial y antieconómico. Se hizo realidad la prédica de todos los movimientos políticos del siglo XX, restituyendo masivamente la tierra, la libertad y la dignidad a los campesinos despojados de estos bienes desde los orígenes de la colonia española.
QUIEREN COBRAR MILLONES COMO SI FUERA UN CASO SOCIAL
La Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA) presiona por todos lados.
SE VIENEN LOS BONOS
Los terrenos expropiados pasaron en un primer momento a ser de dominio estatal y luego fueron distribuidos entre campesinos y pequeños agricultores organizados en cooperativas y sociedades agrícolas.
En lugar de pagar por las tierras expropiadas con dinero en efectivo, el Estado emitió Bonos de la Reforma Agraria comprometiéndose a pagar a los expropiados, a lo largo del tiempo, el valor de sus tierras más intereses.
Los propietarios de dichos predios estaban obligados por ley a aceptar los bonos agrarios. El Gobierno emitió tres clases de bonos agrarios:
Clase A, que devengaba un interés anual del 6% durante un plazo de veinte años a partir de su colocación.
Clase B, que devengaba un interés anual del 5% durante un plazo de veinticinco años.
Clase C, que devengaba un interés anual del 4% durante un plazo de treinta años.
Según la página web del Ministerio de Agricultura, entre junio de 1969 y junio de 1979 se expropiaron más de nueve millones de hectáreas de tierra, que representaron unos 15,826 lotes. Según la fuente, unas 370,000 familias recibieron estos predios.
En un dictamen del año 2006, la Comisión Agraria del Congreso destacó que el MEF había realizado una “colocación neta de bonos” equivalente a “13 mil 285 millones de soles”. Dicho dictamen también indicó que se realizaron pagos por 10 mil 763 millones y que quedaba un saldo pendiente de aproximadamente 2 mil 521 millones de Soles.
De 1980 en adelante, el gobierno dejó de pagar los bonos agrarios y posteriormente la situación económica del país se fue deteriorando progresivamente; la inflación se salió de control, alcanzando su máximo punto en agosto de 1990, (herencia de Alan García) cuando fue de 12,377%. Tan solo en ese mes, la moneda de curso legal perdió un 75% de su valor.
El Estado cambió la moneda dos veces en un lapso de seis años. Como resultado, el equivalente nominal de un Sol de Oro (moneda en la que se emitieron los bonos) actualmente es de 0.000000001 (una mil millonésima parte) de un Nuevo Sol. Para los tenedores de Bonos, el valor nominal de la deuda que el Estado mantenía con ellos prácticamente desapareció.
RECONOCIENDO LA DEUDA
El Estado reconoce el proceso de reforma agraria como irreversible e irrevisable. Queda claro que no procede ninguna acción judicial de devolución o restitución de tierras a sus antiguos propietarios que atente contra los derechos otorgados a los beneficiarios de la Reforma Agraria bajo ningún motivo. Asimismo, el Estado reconoce la deuda agraria pendiente generada por los bonos de justiprecio por expropiación o afectación por reforma agraria.
Sin embargo, durante más de tres décadas, los tenedores de bonos agrarios han exigido lo que consideran un pago justo del valor de sus bonos, mientras que el Gobierno, a través una serie de leyes, decretos y normativas no ha logrado establecer dicho valor. Entre 2013 y 2014, tanto el TC como el MEF determinaron, en diferentes resoluciones y decretos supremos, el método para definir el valor actualizado de los bonos agrarios y el reglamento para registrar a los bonistas, actualizar la deuda del Estado y proceder al pago de los mismos.
Los Decretos Supremos y resoluciones fueron denunciados por estar plagados de errores fundamentales, obstáculos y violaciones de derechos, que perjudican a los bonistas: El monto a pagar solo correspondería al 0.5% del valor actualizado de la deuda. El pago se realizaría en un tiempo indeterminado aún. Los bonistas deben renunciar a su derecho de apelar a las instancias judiciales si desean acceder a este pago.
BATALLA LEGAL
Según el historiador Carlos Monge, muchos propietarios expropiados invirtieron sus bonos en otras actividades económicas, como es el caso del Grupo Romero. Un segundo grupo lo conforma quienes retuvieron sus bonos y hasta ahora esperan el pago; un tercer grupo vendió sus bonos a empresas que compraron barato y que hoy esperan hacer su negocio, los cuales “serían el Banco de Crédito del Perú (20% de los bonos) y el fondo de inversión Gramercy de Estados Unidos (60%)”.
Con esto último, queda claro que la sentencia del TC no serviría para reparar a los expropiados de la reforma agraria, sino para beneficiar grandes empresas que han estado comprando bonos. Por lo pronto, una amarga batalla legal está en marcha en el Perú. En junio del año pasado, el fondo de cobertura Gramercy Fund Management presentó una demanda contra el Perú sobre la valoración de los “bonos de la reforma agraria”. El caso será tratado no en el Perú, donde el TC ya ha declarado que el enfoque del gobierno peruano sobre los bonos es legal bajo la ley peruana, sino por un tribunal internacional bajo el Acuerdo de Promoción Comercial (TPA) del Perú con EE.UU. Gramercy argumenta que el uso por parte del gobierno peruano de una controvertida estrategia de revalorización equivale a expropiación. También dice que el Perú lo ha discriminado al establecer una secuencia de prioridad para el pago de los bonos. La demanda de Gramercy es efectivamente menor a la de todos los demás tenedores de bonos agrarios, violando el principio de proporcionalidad. Los bonos de la reforma agraria fueron otorgados a los tenedores de bonos cuando el gobierno peruano de ese entonces expropió grandes cantidades de tierras de propietarios privados y las distribuyó entre campesinos pobres.
Gramercy fue uno de los que compraron un número significativo de estos bonos de los dueños originales. Sin embargo, muchos de los tenedores originales todavía tienen parte o la totalidad de su propiedad. En el 2013, el gobierno peruano “preocupado por el costo de honrar estos bonos y el efecto sobre las finanzas fiscales” cambió la forma en que los tasó. En lugar de restaurar su valor por la deflación del IPC, utilizó una fórmula desconocida para convertir los bonos al equivalente de bonos del Tesoro estadounidense. De este modo, Gramercy dice que el gobierno acabó con la mayoría de su valor y afirma que esto equivale a una expropiación, lo cual es ilegal bajo los términos del TPA entre EE.UU. y Perú.
PPK SE CIERRA
“Estas personas piensan que pueden comprar algo por un centavo y ganar 1000. No funciona de esa manera”,sostiene el presidente Kuczynski en entrevista con el medio “Latin Finance”. Gramercy demandó al Estado peruano por US$ 1,600 millones sobre el pago de los bonos de la deuda agraria. Kuczynski responde que: “No creo que le debamos nada”. Así es de simple Gramercy argumenta que el trato que el Perú le da a su demanda infringe el Acuerdo de Promoción Comercial que el país tiene con Estados Unidos. Estos bonos de la reforma agraria fueron emitidos en la década de 1970, están contemplados bajo la ley peruana, no son bonos reconocidos internacionalmente, dijo el mandatario.
NEGOCIADO DE LOS BONOS
Uno de los más connotados estudiosos del agro peruano es el recientemente fallecido periodista Reynaldo Trinidad, quien era uno de los más férreos defensores de que el Estado pague su deuda, pero únicamente a los propietarios originales o a sus herederos.
Trinidad señalaba que cuando ocurrió la expropiación, el Estado se comprometió en pagar las indemnizaciones derivadas de las confiscaciones en un plazo de 30 años, y con el transcurrir del tiempo, al no saber qué hacer, algunos remataron sus bonos.
“Pero es allí cuando el Estado asume el pago íntegro de la deuda, y que aparecen los especuladores y estos pagaron como máximo el 20% del valor de los bonos. Hubo una colusión de especuladores extranjeros y nacionales, con funcionarios del Ministerio de Economía de diferentes gobiernos, dijo.
El periodista aseguraba que el grueso de los bonos estaba en manos de los especuladores que compraron a precios irrisorios y posteriormente pretendían cobrar con moras, intereses y penalidades.
DEUDA MORAL
Y La deuda agraria no conoce a deuda social contraída por los propietarios de las haciendas; la responsabilidad del Estado no contempla exigir que los ex propietarios paguen a las comunidades campesinas y los siervos y peones de haciendas por las décadas y centurias previas de apropiación de sus tierras y su trabajo. Tampoco contempla devolver a las poblaciones nativas todas las tierras que les fueron arrebatadas desde la conquista en adelante, o al menos su valor en dinero, bien dolarizado y a precios actualizados.
