“Hay una amenaza cierta y evidente, sentimos que, por nuestros fallos, pretenden amedrentarnos y sancionarnos eventualmente”, refirió.
Anoche la Comisión Permanente del Congreso aprobó investigar a cuatro magistrados del TC por el presunto delito de prevaricato, al emitir la sentencia que devolvió la condición de lesa humanidad a los hechos ocurridos en el penal de El Frontón, en 1986.
Sobre el particular, Ramos indicó que incluso los magistrados que no han suscrito ese fallo, consideran que mientras haya temas pendientes en el Tribunal Constitucional relacionados con ese caso, no pueden ser investigados.
Indicó que el acuerdo de la Comisión Permanente, que le dio un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para realizar una investigación y emitir un informe, muestra que actúan como juez y parte.
“Eso vicia un proceso que está reconocido en la Constitución pero que, dadas las irregularidades, colocarían al país en una situación complicada ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, indicó.
El magistrado refirió que la sentencia emitida en el caso El Frontón, no han cometido prevaricato ni han roto el principio de cosa juzgada, dado que el TC corrigió el error material de un magistrado que votó junto con la mayoría, pero en la justificación de su voto tenía un argumento contrario.
“Hemos corregido un error material contradictorio dentro de las atribuciones que nos da el Código Procesal Constitucional y la Ley Orgánica del TC, de tal manera que sería bastante grave que a los miembros del TC se les quiera sancionar por emitir una sentencia”, refirió en Canal N.
En ese sentido, el magistrado Carlos Ramos defendió la denuncia de cuatro magistrados del TC ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su participación en una audiencia.
El presidente del Congreso, Luis Galarreta, calificó como inaudita, inadecuada y sorprendente la demanda de los magistrados ante la CIDH.
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