Mediante un comunicado, el CAL respondió al presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Alberto de Belaunde, y a otros ciudadanos que solicitaron la inhabilitación de la senderista, liberada el lunes tras cumplir 25 años de cárcel por terrorismo.
El CAL detalló que, luego de revisar en sus archivos institucionales, no se ha encontrado mandato judicial alguno que restrinja los derechos de ejercicio profesional de Martha Huatay, ni sanción o procedimiento ético alguno contra la senderista.
Sin perjuicio de ello, indicó que la responsabilidad ética del abogado es independiente de la responsabilidad penal, y que no se encuentra restringida solo a su ejercicio profesional como tal, sino que comprende también las conductas de los agremiados que desprestigian la profesión.
“Más aún cuando se involucra en la participación de actos delictivos y contrarios al Estado de Derecho, con grave violación de los derechos humanos”, se menciona en el comunicado.
El CAL acordó solicitar a la Dirección de Ética Profesional de la orden que investigue la posible responsabilidad disciplinaria en que pudiera haber incurrido Martha Huatay, con respecto al debido proceso y legalidad que debe caracterizar cualquier procedimiento sancionador.
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