El calificativo de Estado cleptómano no es exagerado si, por ejemplo, nos atenemos a lo que ocurre con los peruanos a quienes el Estado –en ese momento representado por aquel jerarca socialista trajeado de general, auto investido de dictador, llamado Juan Velasco Alvarado- so pretexto de imponer una reforma agraria abusiva y vengativa les robó sus tierras, dizque para distribuirlas entre los pobres.
El Perú hasta entonces fue un gran emporio agrícola que exportaba alimentos tras haber satisfecho plenamente el consumo interno. De no haber sido por una nueva generación de agroindustriales que han sembrado hasta en los pedregales, convirtiendo al Perú en estrella exportadora de los más variados y sofisticados productos del campo, hoy en día nuestro país sería una vergüenza agrícola. Porque en eso lo convirtió la resentida reforma velasquista.
Sin embargo, transcurridos ya cuarenta y ocho años –inclusive, tras haber gobernado este país nueve diferentes presidentes que resultaron elegidos democráticamente- los propietarios de las tierras confiscadas por el Estado -a raíz de la reforma agraria- aún permanecen impagos gracias al abuso, la prepotencia, la argucia, el descaro de tantas autoridades que durante medio siglo han tenido a su cargo los mecanismos legales y administrativos desde donde, suficientemente amparados por la Constitución y por las normas, debieron proceder a cancelarles el íntegro del valor de su patrimonio. O, lo que les correspondió en todo caso, a devolverles sus propiedades. Pero no. Durante cuarenta y nueve años el Estado ha recurrido a miles de triquiñuelas, ha apelado a todos los recursos –usando el dinero de los contribuyentes, entre ellos muchos de los afectados por la reforma agraria- para litigar en todas las instancias –administrativas y jurídicas- al efecto de no pagarles un centavo a los propietarios de tierras confiscadas.
Es más, el Tribunal Constitucional –organismo al que todos los políticos, los medios de prensa y la mal llamada sociedad civil, apelan como máxima instancia- ordenó hace tiempo que el Estado pague lo que debe, e incluso precisó la aritmética para actualizar el valor del monto adeudado reconocido en los Bonos emitidos por la Nación. No obstante el funesto presidente Humala tuvo la osadía de acudir al TC para lograr –y lo consiguió- que tres togados torcieran el ordenamiento constitucional modificando un fallo anterior del mismo Tribunal, incluso falsificándose la firma del magistrado Carlos Mesía. Los propietarios de las tierras que fueron confiscadas –jamás pagadas, por lo cual siguen siendo sus verdaderos dueños- han acudido a la premier Mercedes Aráoz. Apelan a que, finalmente, este gobierno acabe con tanta arbitrariedad y tanto capricho de sucesivos gobernantes que optaron por recurrir a las trampas y a las mañas para no pagarles. Es de justicia atenderlos, presidente Kuczynski.
 Seguiremos siendo un país tercermundista, digno de desconfianza y recelos, mientras el Estado –nuestro Estado- sea cleptómano. I...){kind=link}
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