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| BBC |
Despertaron a la fuerza a su esposo Zósimo Tenorio, en ese entonces de 27 años, y les dijeron a ambos que eran "terroristas", según cuenta Adelina a BBC Mundo.
Se referían a que los consideraban miembros de Sendero Luminoso, uno de los grupos más violentos de Sudamérica, de ideología "marxista-leninista-maoísta", que inició su "lucha armada" en Ayacucho en mayo de 1980.
"Les dije que si fuéramos terroristas, mi esposo estaría por ahí, haciendo otras cosas, que ahorita estamos en nuestra casa descansando, que mi esposo trabajaba en nuestro taller, teníamos un taller de carpintería metálica", agrega Adelina.
"Además, él no quería pertenecer a ningún partido, era totalmente inocente".
Pero los soldados los golpearon, Adelina se desmayó y cuando recuperó la conciencia, su esposo ya no estaba.
"Salí gritando a la calle, pero ya se lo habían llevado en un carro los militares", recuerda.
Lo habían trasladado al cuartel militar Los Cabitos como sucedió con otras 137 personas, entre las que había menores de edad.
Estas víctimas fueron "secuestradas, torturadas o asesinadas y desaparecidas por agentes del Estado en Los Cabitos y en la sede de la Unidad de Inteligencia conocida como "la Casa Rosada", en 1983 y 1984", según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de Perú.
Los hechos ocurrieron durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry.
Los crímenes fueron cometidos en el contexto de la "lucha contra subversiva del personal militar", según la CVR, y la mayoría había quedado sin castigo hasta ahora.
El viernes en la madrugada, la Sala Penal Nacional de Perú sentenció a dos de los militares del estado mayor de Los Cabitos, por la tortura y desaparición de 24 de las víctimas.
Una de ellas es el esposo de Adelina.
"(Después de la detención) le pregunté a un ex militar (por Zósimo) y me dijo que lo habían golpeado, pero que en 15 días iba a salir libre", dice la mujer, ahora de 53 años.
"Yo esperanzada, esperé, pero nunca más (volvió)", señala. "Lo sigo buscando".
Torturas en Los Cabitos
La detención de Zósimo cumple con el patrón que seguían los apresamientos de la época.
"Una de las modalidades... era el ingreso violento de policías y/o militares en las viviendas... para buscar material o elementos subversivos", detalla la CVR en un informe presentado en 2003.
Estas operaciones solían ejecutarse de noche o de madrugada y los captores iban encapuchados, "no se identificaban" y "portaban armas largas".
Golpeaban a las víctimas y se las llevaban a la fuerza "a lugares desconocidos".
Cuando Adelina iba a preguntar por su esposo a la policía, dice que le respondían que "seguramente es terruco (terrorista), por eso se lo llevaron…".
La CVR explica que una vez en Los Cabitos o en "la casa rosada" los victimarios torturaban a los detenidos con la intención de que "confesaran" que eran senderistas o que delataran a otros supuestos senderistas.
Según el informe, ataban a las víctimas "con los brazos hacia atrás" y las colgaban con sogas y poleas.
Volvían a golpearlas. Las apaleaban en todo el cuerpo y las sumergían en un cilindro de agua.
Además, "se les aplicaba electricidad en diferentes partes del cuerpo y, particularmente, en los genitales", agrega el informe.
Esteban Canchari, una de los detenidos en Los Cabitos, dijo a la CVR que en un momento, mientras lo golpeaban, vio que "en una viga colgaban varias cadenas y sogas, había cables de corrientes... un cilindro con agua...".
Los presos no comían ni tomaban agua durante días o recibían "desperdicios de comida en recipientes antihigiénicos".
A veces "se les mostraba fosas donde podían ver restos humanos" o "se les hacía escuchar los gritos de dolor de algún familiar cercano que estaba siendo torturado".
Las autoridades hallaron en Los Cabitos fosas clandestinas y un horno de incineración, según dijo Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y abogada de los familiares de las 53 víctimas, a BBC Mundo, "para quemar cuerpos y que no fueran hallados".
Para Cano, la sentencia es histórica: "Marcan una condena a este tipo de políticas contrasubversivas (que están) al margen de toda ley y toda dignidad humana".
El proceso
La sentencia por el caso de 24 de las víctimas llegó luego de seis años de juicio oral, que empezó en 2011.
La acusación original pedía condenas para 9 militares y el ministro de Guerra de la época por la desaparición de 53 personas.
Pero la Sala Penal Nacional dijo que el resto de casos no estaban "lo suficientemente probados", según explicó Cano a BBC Mundo.
Los familiares de las víctimas denunciaron los hechos en 1983. Pero en ese entonces los casos se archivaron.
Se reabrieron en 2004, a raíz del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, presentado en 2003.
Desde entonces, Adelina y otros familiares esperaban oficialmente una sentencia.
"Porque hasta el momento no hemos podido enterrar, dar cristiana sepultura (a mi esposo), ese es nuestro dolor", dice. "Hace ya 34 años que siempre me pregunto si estará vivo o estará muerto".
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