A dos de ellos se les revocó la medida pero tendrán que pagar una caución de 20 mil soles
La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA), confirmó el requerimiento de prisión preventiva por 18 meses contra Richard Andrés Fernández Flores, Walter Martín Pérez Carranza, Víctor Alberto Preciado Mío y Guido Eugenio Samamé Constantini, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado agravado, en agravio de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.
La misma Sala revocó la prisión preventiva por el mandato de comparecencia con restricciones contra Franz Cueva Moscol y Jorge Santiago Santisteban Chicoma, por no haber peligro procesal, debiendo cumplir reglas de conducta y apersonarse a la Fiscalía para dar cuenta de sus actividades, de igual manera les prohibió mantener comunicación o aproximarse a sus coencausados y a los testigos del presente proceso, asimismo les impuso una caución de 20 mil soles.
La Sala no valoró los audios presentados por el representante del Ministerio Público, toda vez que no se ha corroborado que sea la voz de Richard Fernández y Rald Clay de la Piedra, toda vez que falta hacer aún una pericia.
De la investigación se tiene que la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo de la comuna formuló 94 requerimientos de contratación de servicios para la elaboración de perfiles de inversión, digitalización de expedientes técnicos, estudios de topografía, etc.
La modalidad que habrían utilizado para apropiarse del dinero del Estado sería que los funcionarios municipales de dicha gerencia y la Subgerencia de Obras, requirieron la contratación de los servicios y luego otorgaron la conformidad como si estos hubiesen sido prestados; con conocimiento de la Gerencia de Administración y Finanzas.
Ante estos requerimientos, la Subgerencia de Logística a cargo de Rald Clay de la Piedra Arévalo, sin efectuar observación alguna, realizó supuestos estudios de mercado, conjuntamente con el cotizador de la municipalidad Jorge Santiago Santisteban Chicoma, utilizando para ello proformas falsas, los cuales fueron aprobados, sin cuestionamiento alguno, por el Gerente de Administración y Finanzas.
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La Fiscalía aseguró que estos servicios y consultorías, nunca se realizaron por los supuestos proveedores y pese a ello se pagó en su totalidad S/. 1´025 765,50 soles.
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